Con la recuperación de la democracia se realizó la primera marcha en conmemoración del golpe, el 24 de marzo de 1986, organizada por las Madres de Plaza de Mayo. Pero recién en el 2002 se instituye el 24 de marzo como Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia en conmemoración del aniversario del golpe cívico-militar del año 1976, para tener presentes los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura y para recordar a nuestres 30.000 detenides desaparecides por el Terrorismo de Estado en Argentina.
La lucha contra la impunidad de los crímenes cometidos por el terrorismo de Estado ha marcado la historia de la sociedad argentina. El movimiento de derechos humanos, con Madres y Abuelas a la cabeza desde 1976 y organizaciones pioneras como la APDH, el CELS y Familiares han protagonizado esa lucha contra la impunidad en estos cuarenta y cuatro años, ahora masivamente acompañados por el conjunto del Pueblo y especialmente con el esperanzador compromiso de les Hijes, nietes y bisnietes en llegar hasta las ultimas consecuencias en la búsqueda de Verdad y Justicia.
Del 24 de marzo al 10 de diciembre
Durante la dictadura se reclamó a los militares, se llevó al mundo la información de lo que aquí ocurría, se comenzaron a documentar testimonios de víctimas, se comenzó a documentar lo sucedido y se presentaron hábeas corpus colectivos e individuales. Se logró la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos(CIDH) en 1979 que le dio respaldo jurídico internacional a la lucha local.
Con la recuperación de la democracia, durante el gobierno de Raúl Alfonsín, fue un gran avance la conformación de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), la creación por ley del Banco de datos genéticos como organismos autónomo y la realización del Juicio a las Juntas y el juicio a la cúpula de la Policía Bonaerense. Pero también las organizaciones de derechos humanos, la mayoría de las juventudes políticas y una amplio espectro de la sociedad debimos encabezarla resistencia a las leyes de impunidad con grandes movilizaciones en las calles, reclamos políticos y su judicialización en todo el país.
Cuando los indultos de Menem bloquearon el juzgamiento en la Argentina de la mayoría de los delitos, los organismos de derechos humanos iniciaron juicios ante tribunales extranjeros y obtuvo sentencias en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos que permitieron reabrir los planteos de inconstitucionalidad de las leyes de impunidad e indultos, y hacer exigibles el derecho a la verdad y la reparación económica de las víctimasen nuestro país.
Una historia con cinco golpes de estado
Desde el 2003 al 2015, y fundado en lo construido y acumulado social, política y jurídicamente por el movimiento de derechos humanos, llegamos a una etapa de compromiso simultáneo de los tres poderes del Estado. Tengo el orgullo de haber sido Diputada Nacional en aquel histórico 2003 en el que declaramos la nulidad de las leyes de Punto final y obediencia debida y de haber impulsado también la de los indultos. La Procuración General de la Nación permitió desde entonces un avance muy significativo en el juzgamiento de los delitos de lesa humanidad y se desarrolló un variado conjunto de políticas públicas que impulsaran Néstor Kirchner y Eduardo Duhalde, con quienes tuve el honor de trabajar. Así, se profundizaron las vías de reparación a las víctimas, la restitución de la identidad de nietes apropiados, el hallazgo de información, la sistematización de archivos y la identificación de espacios en los que funcionaron centros clandestinos de detención, tortura y exterminio.
A pesar de las políticas regresivas del gobierno de Macri, con recortes presupuestarios, desarme de estructuras en estas áreas y declaraciones “negacionistas” de algunos de sus funcionarios, la defensa de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia fue la expresión del interés colectivo a tarares de amplios sectores sociales, políticos, científicos y periodísticos.
La Justicia enfrentó importantes desafíos desde la reapertura de las causas de lesa humanidad, en cantidad -milesde detenidos desaparecides y asesinades, miles de torturades sobrevivientes de centros clandestinos y casi tres mil victimarios identificados y miles sin identificar-, y por la variedad del tipo de delitos -secuestros, torturas, violaciones, homicidios, desaparición de personas- cometidos de forma sistemática, premeditada y clandestina.
En los últimos años también se ha ampliado el esclarecimiento de las responsabilidades de diferentes actores civiles (económicos, judiciales y eclesiásticos) en los delitos de lesa humanidad, ya que casi 350 personas que participaron en hechos no pertenece a las Fuerzas Armadas ni de seguridad.
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Las políticas de Memoria, Verdad y Justicia de Argentina y nuestra Justicia transicional son estudiadas y ponderadas en todas partes del mundo. Fuimos precursores en nuestra región, donde muchos países han seguido nuestros pasos y también gracias al impulso de Abuelas y otros organismos hemos logrado la aprobación tanto de la Convención Interamericana de Desaparición forzada de personas (1994) - ya ratificada por 15 Estados- como de la Convención Internacional de Naciones Unidas (2006). La Convención Internacional entró en vigor el 23 de diciembre de 2010 y ya cuenta con 62 Estados parte y la firma de otros 48.
Hoy existen 34 Espacios de Memoria en todo el país, memoriales recordatorios de los crímenes del terrorismo de Estado en Argentina que constituyen una Red. Si bien la mayoría y los más conocidos como la ESMA o el “Olimpo” en CABA, la “Mansión Seré” en Morón, provincia de Buenos Aires, la D- 2, “La Perla” y el Campo de la Ribera en la provincia de Córdoba, y la Brigada de Investigaciones de Resistencia, Chaco, son centros clandestinos de detención donde permanecieron secuestradas, fueron torturadas y asesinadas personas perseguidas generalmente por razones políticas o lugares vinculados con la represión ilegal, hay también otros que son ámbitos de la militancia, el compromiso político y la vida cotidiana de les detenides desaparecides, como el Museo Casa Haroldo Conti, en el Tigre, y la Casa de la Memoria y la Resistencia Jorge “Nono” Lizaso, que fuera en los años ’70 la Unidad Básica “Combatientes Peronistas”, en Vicente López, provincia de Buenos Aires.
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Pero lo más importante es la conciencia ciudadana, el amor y el respeto de nuestro Pueblo a Madres y Abuelas como ejemplo de todo lo que está bien y la Memoria viva que se manifiesta en las calles cada 24 marzo. Por eso, este año la Memoria que es futuro nos sigue convocando y aunque debamos permanecer en nuestras casas vamos a poblar nuestras ventanas, puertas y balcones de pañuelos blancos.
